J\u00e9r\u00e9mie Swinnen\/ jeremieswinnen@gmail.com<\/p>\n
Frecuentemente, durante el dictado del curso en Derecho Internacional P\u00fablico, vemos con los alumnos que el principio de igualdad soberana entre los pa\u00edses se encuentra en la practica confrontado con el ampl\u00edsimo margen en que se mueven los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, particularmente aquellos permanentes, dentro del derecho internacional. Lease, autorizaci\u00f3n del uso de la fuerza, brazo ejecutivo de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, el derecho a veto o la aplicaci\u00f3n del celebre art\u00edculo 103 de la Carta de las Naciones Unidas (entre otros).<\/p><\/blockquote>\n
Haremos una breve reflexi\u00f3n sobre otros de los puntos controvertidos de las facultades otorgadas a este \u00f3rgano y ver, en este caso, si es posible asegurar la independencia y autonom\u00eda de la Corte Penal Internacional (CPI) de acuerdo al rol que el propio Estatuto le otorga al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<\/p>\n
Esta no es una cuesti\u00f3n menor, ya que el Consejo de Seguridad posee una relaci\u00f3n muy importante con la CPI a trav\u00e9s, principalmente, de los art\u00edculos 13 y 16 del Estatuto.[1] El primero sobre el ejercicio de la competencia o los mecanismos para someter un asunto a la Corte, y el segundo sobre la posibilidad que tiene el Consejo de suspender la investigaci\u00f3n o el enjuiciamiento a la Corte. Si bien este \u00faltimo art\u00edculo reviste de una gran importancia para este debate, nos enfocaremos en esta oportunidad m\u00e1s en el primero de los dos art\u00edculos.<\/p>\n
Existen de acuerdo al art. 13, tres formas en que la CPI puede ejercer su competencia: (a) a trav\u00e9s de un Estado parte, (b) a trav\u00e9s del Consejo de Seguridad, y (c) por \u00faltimo, a trav\u00e9s del propio fiscal (c).<\/p>\n
Es en su literal b. donde la Corte, pese a no ejercer jurisdicci\u00f3n universal, amplia su competencia sustancialmente a trav\u00e9s del Consejo de Seguridad, ya que este puede denunciar formalmente ante la CPI, \u201ccr\u00edmenes cometidos por personas no pertenecientes a un Estado Parte y en un territorio de un Estado no parte del Estatuto,\u201d[2] lo cual le otorga un amplio margen de discreci\u00f3n.<\/p>\n
Es interesante, remarcar que la mayor\u00eda de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Estados que no aceptaron ratificar el Estatuto de Roma y que incluso fueron activos cr\u00edticos del mismo. La creaci\u00f3n de este mecanismo, por ende, provee la posibilidad que aquellos estados que no ratificaron el estatuto puedan, a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n del Consejo, conformar las \u201creglas del juego\u201d de c\u00f3mo hacer mover el engranaje judicial de la CPI sin quedar atrapados en el mismo. Que, dicho sea de paso, puede responder, claro que s\u00ed, a un inter\u00e9s de justicia, pero tambi\u00e9n a intereses pol\u00edticos, econ\u00f3micos y\/o diplom\u00e1ticos. Esto ubica al principio de igualdad de soberan\u00eda de los pa\u00edses m\u00e1s en una ficci\u00f3n jur\u00eddica que un principio de aplicaci\u00f3n concreta. As\u00ed, puede observarse precisamente, la manera en c\u00f3mo ha sido remetido al fiscal de la corte casos, como el de Libia en 2011, o como el de Sudan en 2005.[3]<\/p>\n
En el p\u00e1rrafo 6 de la Resoluci\u00f3n 1970 leemos que el Consejo de Seguridad: 6.\u201dDecide que los nacionales, los ex funcionarios o funcionarios o el personal de un Estado que no sea la Jamahiriya \u00c1rabe Libia y no sea parte en el Estatuto de Roma de la CPI quedar\u00e1n sometidos a la jurisdicci\u00f3n exclusiva de ese Estado respecto de todos los presuntos actos u omisiones derivados de operaciones en la Jamahiyiya \u00c1rabe Libia establecidas o autorizadas por el Consejo o relacionados con ellas, a menos que ese Estado haya renunciado expresamente a la jurisdicci\u00f3n exclusiva.\u201d P\u00e1rrafo que se repite con casi total exactitud en la resoluci\u00f3n 1593 (2005). \u00bfQu\u00e9 posibilita este p\u00e1rrafo? Que los estados que intervinieron o intervienen en ese Estado no queden absorbidos por la remisi\u00f3n de la situaci\u00f3n a la CPI, instalando un paragua jur\u00eddico ante posibles cr\u00edmenes que se hayan cometido por personal de su propia nacionalidad, por ejemplo, a la hora de llevar adelante una operaci\u00f3n de \u00edndole militar, las cuales son naturalmente propensas a que se cometan algunos excesos. En otras palabras, circunscribe el accionar y la competencia de la CPI hacia un solo lado.<\/p>\n
Como bien se\u00f1ala Schabas en su art\u00edculo cuando habla del primero de los mecanismos para remitir una situaci\u00f3n a la Corte, un Estado que posea inter\u00e9s de que la CPI intervenga en su jurisdicci\u00f3n debe provenir de un inter\u00e9s real de justicia tanto para con los rebeldes como para sus propias autoridades estatales.[4] Pensamos que una similar reflexi\u00f3n merece el supuesto que nos aqueja en el presente ensayo cuando el Consejo remite un caso a la Corte.<\/p>\n
\u00bfPuede asegurarse esa independencia y autonom\u00eda de acuerdo al rol que el propio Estatuto le otorga al Consejo de Seguridad en su v\u00ednculo con la CPI? Probablemente no del todo. \u00bfEllo significa que el derecho de iniciativa otorgado a la Corte es inaceptable? No necesariamente. La arquitectura judicial internacional ha de poder conciliarse con el \u00f3rgano de mayor repercusi\u00f3n pol\u00edtica mundial, que es quien, precisamente, puede llevar algo de justicia all\u00ed donde de otra manera no la habr\u00eda en lo absoluto. Es decir, en otras palabras, que aun reconociendo la eventual falta de independencia o autonom\u00eda que en algunas circunstancias la CPI pueda tener, ello no obsta a reconocer que el v\u00ednculo existente con el Consejo de Seguridad forma parte de una construcci\u00f3n necesaria y realista para que un mecanismo internacional de justicia funcione, especialmente teniendo en cuenta las amplias facultades delegadas al Consejo de Seguridad para intervenir en otros pa\u00edses, cual herramienta aprovechable para la CPI para extender su brazo all\u00ed donde no llegar\u00eda.<\/p>\n
[1] Art\u00edculo 13: La Corte podr\u00e1 ejercer su competencia respecto de cualquiera de los cr\u00edmenes a que se refiere el art\u00edculo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si: a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el art\u00edculo 14, una situaci\u00f3n en que parezca haberse cometido uno o varios de esos cr\u00edmenes; b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Cap\u00edtulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situaci\u00f3n en que parezca haberse cometido uno o varios de esos cr\u00edmenes; o c) El Fiscal ha iniciado una investigaci\u00f3n respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 15; Art\u00edculo 16: En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resoluci\u00f3n aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Cap\u00edtulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que no inicie o que suspenda por un plazo de doce meses la investigaci\u00f3n o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte proceder\u00e1 a esa suspensi\u00f3n; la petici\u00f3n podr\u00e1 ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.<\/p>\n
[2] Carlos Esteban Romo Delgado, La intervenci\u00f3n de la Corte Penal Internacional y el protagonismo del Consejo de Seguridad de la ONU en el sistema penal del Estatuto de Roma: el \u201ccaso Libia\u201d.<\/p>\n
[3] Resoluci\u00f3n 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; Resoluci\u00f3n 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas<\/p>\n
[4] SHABAS, William A.. 2014. An Introduction to the International Criminal Court. Fourth Edition. United Kingdom: Cambridge University Press. Cap\u00edtulo 4.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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