{"id":3995,"date":"2017-09-28T02:49:03","date_gmt":"2017-09-28T05:49:03","guid":{"rendered":"http:\/\/theinternationalobservatory.com\/?p=3995"},"modified":"2017-10-29T22:23:10","modified_gmt":"2017-10-30T01:23:10","slug":"lucha-contra-el-terrorismo-y-proteccion-de-los-derechos-humanos-un-binomio-imposible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theinternationalobservatory.com\/index.php\/2017\/09\/28\/lucha-contra-el-terrorismo-y-proteccion-de-los-derechos-humanos-un-binomio-imposible\/","title":{"rendered":"Lucha contra el terrorismo y protecci\u00f3n de los derechos humanos: \u00bfun binomio imposible?"},"content":{"rendered":"<ol>\n<li><strong>Introducci\u00f3n <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Los sucesos ocurridos desde el d\u00eda 11 de setiembre de 2001 al presente han puesto en tela de juicio a estados acerca del fen\u00f3meno del terrorismo. Ello ha devenido en t\u00f3pico de todos los medios de comunicaci\u00f3n y ha generado la alarma internacional, dando lugar a m\u00faltiples convenciones, cambios de legislaciones internas y ha generado que juristas y fil\u00f3sofos \u2013entre otros tantos-\u00a0 debatan acerca de la tem\u00e1tica y sus formas de abarcar la complejidad de la misma. Frente al mensaje de miedo -o mera invocaci\u00f3n a la grave amenaza terrorista al decir de Ragu\u00e9s I Vall\u00e9s<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>&#8211; y la b\u00fasqueda de una soluci\u00f3n, a veces, se legitiman reformas punitivistas y reductoras de garant\u00edas que traspasan l\u00edmites a los derechos fundamentales.<\/p>\n<p>Algunas de las respuestas por parte de los Estados han sido los cambios legislativos en materia penal incorporados en pa\u00edses como Italia con sus art\u00edculos 270 bis, 270 ter, 280 bis de su Codice Penale; Alemania en sus \u00a7\u00a7 129 a y b del Strafgesetzbuch; o Argentina en sus art\u00edculos 306 o 41 quinqu\u00e9s del C\u00f3digo Penal. Marcos penales en los que la investigaci\u00f3n, juzgamiento y -en caso de hallarse culpable- consecuente condena con su respectiva imposici\u00f3n de pena, deber\u00eda llevarse dentro de reglas procesales protectoras de garant\u00edas fundamentales de las personas.<\/p>\n<p>Sin embargo, al surgir en contextos de discursos pol\u00edticos de miedo y seguridad se avanza en muchos casos sobre derechos fundamentales en pos de la `protecci\u00f3n nacional\u00b4. Por ello desde las Ciencias Jur\u00eddicas debe hacerse un an\u00e1lisis profundo del problema que afronta el mundo actual para darle una respuesta acabada pero sin traspasar los l\u00edmites m\u00ednimos establecidos en las Convenciones de Derechos Humanos, que tanta historia y dolor le han costado a la humanidad.<\/p>\n<blockquote><p>La problem\u00e1tica dicotom\u00eda entre los derechos fundamentales b\u00e1sicos y el tratamiento del terrorismo queda ejemplarmente puesta de manifiesto en el informe realizado por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos acerca de Terrorismo y Derechos Humanos, publicado en octubre de 2002, que sostiene que <em>\u201c\u2026<\/em><em> el respeto irrestricto del pleno goce de los derechos humanos, o de los derechos que no hayan sido leg\u00edtimamente suspendidos en situaciones de emergencia, debe ser parte fundamental de cualquier estrategia antiterrorista. El elemento medular de este criterio es el reconocimiento de que la lucha contra el terrorismo no es una responsabilidad antit\u00e9tica a la protecci\u00f3n de los derechos humanos y la democracia. Al contrario, en los instrumentos internacionales de derechos humanos las cl\u00e1usulas de suspensi\u00f3n prev\u00e9n espec\u00edficamente que en determinadas circunstancias es necesaria la adopci\u00f3n de medidas excepcionales que requieren la suspensi\u00f3n temporal de algunos derechos precisamente con el objeto de proteger las instituciones democr\u00e1ticas y el estado de derecho frente a las amenazas terroristas y de otra \u00edndole, y no para debilitarlas o destruirlas<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Tratamiento dogm\u00e1tico del derecho penal acerca del terrorismo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Frente a la ofensiva tipificadora de corte punitivista de conductas que intervienen de alguna manera en ataques terroristas, la respuesta desde el \u00e1mbito acad\u00e9mico penal podr\u00eda distinguirse de la siguiente forma<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>:<\/p>\n<ul>\n<li>Una posici\u00f3n mayoritaria respetuosa del derecho penal cl\u00e1sico estima que de ninguna manera puede renunciarse a principios y garant\u00edas que acerquen el derecho penal hacia lo que Jakobs concibi\u00f3 como derecho penal del enemigo (<em>Feindstrafrecht)<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\"><strong>[4]<\/strong><\/a><\/em>, debido a que son ileg\u00edtimas. Manteni\u00e9ndose apegados, firmes e intransigentes a un derecho penal del hecho. Dentro de esta categor\u00eda deben incluirse a los autores que tampoco dan lugar a reformas del sistema penal bajo condiciones de excepcionalidad, por ejemplo la llamada \u201ctercera velocidad\u201d propiciada por Jes\u00fas Mar\u00eda Silva S\u00e1nchez<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/li>\n<li>Desde otro sector de la dogm\u00e1tica penal, sin embargo, se estima que en situaciones extremas o excepcionales s\u00ed podr\u00eda ser leg\u00edtimo que <em>\u201cun sistema democr\u00e1tico y respetuoso con los derechos humanos recurra a estas medidas para garantizar su propia supervivencia\u201d<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\"><strong>[6]<\/strong><\/a>. <\/em>Aun as\u00ed, aqu\u00ed debe distinguirse entre quienes no creen que esta realidad de excepci\u00f3n haya sucedido hasta el d\u00eda de hoy y quienes afirman que ciertas formas de delincuencia -entre ellas el terrorismo- ya han demostrado la existencia de esta amenaza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si bien muchas de las teorizaciones y planteos, encuadrados en esta \u00faltima descripci\u00f3n, comenzaron antes de lo ocurrido el 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos y apuntaban a un grupo mayor de delitos -criminalidad organizada, la delincuencia econ\u00f3mica, etc.-, lo ocurrido en esta fecha y los sucesivos ataques terroristas posteriores en Madrid y Londres hicieron que se pusiera especialmente el \u00e9nfasis en este tipo de criminalidad. Como respuesta a los hechos sucedidos los pa\u00edses reformaron su legislaci\u00f3n con tipos penales que podr\u00edan ser considerados intermedios entre el derecho penal y el <em>ius ad bellum<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><strong>[7]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p>Esto \u00faltimo parece impactante dicho a simple vista, \u00b4intermedio entre el derecho penal y el <em>ius ad bellum<\/em>\u00b4, sin embargo como expresa Pawlik <em>\u201clo espec\u00edficamente nuevo del sistema jur\u00eddico para la lucha contra el terrorismo moderno radica en la conexi\u00f3n de una estructura normativa asim\u00e9trica b\u00e1sica \u2013defensa del derecho frente a la negaci\u00f3n del derecho- con medio an\u00e1logos a los del derecho de guerra\u201d<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\"><strong>[8]<\/strong><\/a>. <\/em>Y ello deviene porque la realidad de la ofensiva terrorista, en particular la de origen religioso islamista, ha puesto en tela de juicio la doctrina cl\u00e1sica del derecho penal con sus reglas, pero tambi\u00e9n a las reglas del derecho de la guerra, debido a que las finalidades de estos grupos superan las limitadas finalidades de la cl\u00e1sica guerra de Estados<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> ni tampoco se sienten vinculados por las normas internacionales del derecho de guerra<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p>Lo que termin\u00f3 ocurriendo es que los Estados al legislar renunciaron, en algunos casos, al principio de culpabilidad y derecho penal del hecho, para luchar contra el terrorismo penalizando con una finalidad radicalmente preventiva-especial, lo que seg\u00fan Pawlik es propio del derecho de guerra<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>. Este tipo de legislaci\u00f3n se caracteriza por el adelantamiento del inicio de la incriminaci\u00f3n en el <em>iter criminis<\/em>, una ampliaci\u00f3n de las formas de intervenci\u00f3n criminal, una merma de garant\u00edas procesales y el uso de leyes especiales que reforman la arquitectura de los C\u00f3digos penales y le agregan nuevos tipos, guiados por elementos subjetivos distintos del tipo espec\u00edficos que delatan las caracter\u00edsticas del reo, b\u00e1sicamente su peligrosidad<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>.<\/p>\n<p>Ahora bien, para legitimar este debilitamiento de las formas y la imposici\u00f3n de la privaci\u00f3n de la libertad como respuesta, para justificar esta \u00b4tercera velocidad del derecho penal\u00b4, se deber\u00eda estar frente a una situaci\u00f3n excepcional de conflicto que haga renunciar de modo cualificado a soportar los costes de la libertad de acci\u00f3n<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p>Una vez establecido que existe este estado de excepci\u00f3n, la cuesti\u00f3n radica en fijar la legitimidad y justificaci\u00f3n del mismo por una parte. Y por otra, fijar los l\u00edmites bas\u00e1ndose estrictamente en principios de necesidad, subsidiariedad y eficacia en una situaci\u00f3n de emergencia<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>. Y por \u00faltimo las legislaciones construidas desde esta \u00f3ptica deber\u00e1n ser revisadas de manera permanente y con gran intensidad de la concurrencia de los presupuestos que den lugar a que frente a casos excepcionales puedan ser utilizadas, y as\u00ed limitar el abuso de los mismos por parte de los poderes p\u00fablicos<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Criterios establecidos en la comunidad internacional: Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Por su parte la comunidad internacional en procura de la defensa de los Derechos Humanos confluye con una problem\u00e1tica parecida a la de la dogm\u00e1tica penal, la ofensiva terrorista debe perseguirse eficazmente dentro de reglas que no menoscaben los derechos fundamentales de las personas por su sola condici\u00f3n de seres humanos y en respeto a su dignidad.<\/p>\n<p>El Informe sobre Derechos Humanos y Terrorismo realizado por la Comisi\u00f3n Interamericana, en octubre del 2002, reconoce que las manifestaciones de violencia y temor terrorista plantean una grave amenaza para Am\u00e9rica y con frecuencia han afectado tanto a poblaciones y gobiernos como tambi\u00e9n otras instituciones. Sin embargo, como dicta el Informe en su introducci\u00f3n, al tomar iniciativas en la lucha contra el terrorismo, los Estados siguen estando vinculados a cumplir acabadamente con las obligaciones asumidas que emergen del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En particular esto ha sido reconocido, convenido y firmado en el art\u00edculo 15 de la Convenci\u00f3n Interamericana contra el Terrorismo<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>.<\/p>\n<p>Sin embargo, la misma establece que, en determinadas circunstancias, es necesaria la adopci\u00f3n de medidas excepcionales que pueden requerir la suspensi\u00f3n temporal de ciertos derechos con el fin de proteger instituciones democr\u00e1ticas y el estado de derecho frente a amenazas como las de \u00edndole terrorista. En particular, el art\u00edculo 27 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos permite expresamente que <em>\u201cen caso de guerra, de peligro p\u00fablico o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podr\u00e1 adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situaci\u00f3n, suspendan las obligaciones contra\u00eddas\u2026\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Ahora bien, claramente la Convenci\u00f3n hace referencia a un estado de excepcionalidad, que en el particular que tratamos ser\u00e1 el acto terrorista. Aqu\u00ed nos encontramos con un primer problema: no se encuentra universalmente definido qu\u00e9 es el terrorismo. La comunidad internacional en diversas convenciones y protocolos ha delineado que ciertos actos violentos en un contexto espec\u00edfico suelen constituir modos de ejecuci\u00f3n de actos terroristas. Una definici\u00f3n que podr\u00eda tomarse en cuenta, quiz\u00e1s, es la provista por la Asamblea General de la Naciones Unidas como resultado de sus distintas resoluciones y declaraciones acerca de la eliminaci\u00f3n del terrorismo \u201c<em>los actos criminales con fines pol\u00edticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la poblaci\u00f3n en general, en un grupo de personas o en personas determinadas (que) son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones pol\u00edticas, filos\u00f3ficas, ideol\u00f3gicas, raciales, \u00e9tnicas, religiosas o de cualquier otra \u00edndole que se hagan valer para justificarlos\u201d<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\"><strong>[17]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p>Claramente el problema no se encuentra salvado con esta definici\u00f3n general, pero al menos delimita la situaci\u00f3n de excepcionalidad que puede dar lugar a que los Estados, al legislar la respuesta a ello, puedan suspender ciertos derechos humanos reconocidos por las convenciones internacionales.<\/p>\n<p>Si se aceptara esta definici\u00f3n ser\u00eda a\u00fan necesario dilucidar cu\u00e1les derechos fundamentales pueden ser suspendidos y cu\u00e1les no en la regulaci\u00f3n de una pol\u00edtica de lucha contra el terrorismo que no genere responsabilidad estatal por el incumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n<p>La Declaraci\u00f3n Americana de Derechos Humanos no permite expl\u00edcitamente la suspensi\u00f3n de los derechos que de ella emergen, sin embargo la Comisi\u00f3n Interamericana ha establecido que ciertos criterios de derogaci\u00f3n derivados de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos pueden ser aplicados en el contexto de la Declaraci\u00f3n<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>.<\/p>\n<p>Para que un Estado pueda dictar medidas que impliquen suspensi\u00f3n de la protecci\u00f3n de derechos establecidos en instrumentos de derechos humanos, la doctrina establecida en el sistema interamericano requiere que se cumpla estrictamente con los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminaci\u00f3n<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>. Es decir, debe existir una situaci\u00f3n excepcional que implique una amenaza real para la ley o la seguridad del Estado, deben imponerse las medidas por un plazo determinado y, en funci\u00f3n de la necesidad, deben estar estrictamente ligados a la amenaza, no puede ser discriminatoria y debe ser compatible con el resto de la obligaciones de derecho internacional al que se encuentra sujeto el Estado. Por \u00faltimo la declaraci\u00f3n del estado de emergencia debe ser notificada a los Estados miembros de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos.<\/p>\n<p>Sin embargo, aun as\u00ed, ciertos derechos jam\u00e1s pueden ser derogados. Como criterio rector hay que tener en cuenta el inciso 2 del art\u00edculo 27 de la CADH que reza que <em>\u201c<\/em><em>La disposici\u00f3n precedente <\/em>[respecto a la suspensi\u00f3n de derechos]<em> no autoriza la suspensi\u00f3n de los derechos determinados en los siguientes art\u00edculos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jur\u00eddica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibici\u00f3n de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religi\u00f3n); 17 (Protecci\u00f3n a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Ni\u00f1o); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Pol\u00edticos), ni de las garant\u00edas judiciales indispensables para la protecci\u00f3n de tales derechos\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>De los derechos antes mencionados, se destacan las garant\u00edas judiciales. Seg\u00fan expresa el Informe citado los requisitos fundamentales y b\u00e1sicos de un juicio justo no pueden ser suspendidos<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>, lo que lleva a afirmar su vigencia tanto en la investigaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n de todo tipo de delitos, incluso los que podr\u00edan ser englobados bajo el t\u00edtulo de acciones terroristas.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed se encuentran implicados los principios fundamentales de derecho penal como <em>non bis in \u00eddem<\/em>, <em>nullum crimne sine lege, nulla poena sine lege, <\/em>la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho a no ser penado por un delito excepto sobre la base de la responsabilidad penal individual. Es decir que las leyes deber\u00e1n precisar, de manera previa e inequ\u00edvoca, las conductas prohibidas con sus elementos y factores distintivos,\u00a0 las conductas permitidas por el ordenamiento jur\u00eddico y las consecuencias que recaer\u00e1n sobre ellos en caso de infracci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n<p>Asimismo deber\u00e1 garantizarse el juzgamiento ante un tribunal competente, independiente e imparcial ajustado a los est\u00e1ndares internacionales, prohibi\u00e9ndose los tribunales <em>ad hoc<\/em> o especiales que sustraigan a los imputados de sus jueces naturales. Tampoco podr\u00e1n utilizarse procedimientos judiciales secretos o \u201csin rostro\u201d, sin embargo puede tomarse medidas para resguardar a jueces, abogados, testigos y otros intervinientes en los procesos judiciales.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n deber\u00e1 cumplirse con la notificaci\u00f3n detallada de los cargos imputados para una adecuada defensa con tiempo y con medios razonables, teniendo desde el inicio y sin demoras la posibilidad de una defensa t\u00e9cnica a su elecci\u00f3n o provista en caso de no poder costearla. En casos especiales de no hablar el mismo idioma, no se podr\u00e1 suspender el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o int\u00e9rprete.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n debe quedar indemne el derecho a no autoincriminarse, a interrogar testigos en su contra y todos los que comparezcan ante el Tribunal en las mismas condiciones que el \u00f3rgano acusador.<\/p>\n<p>Finalmente debe asegur\u00e1rsele el asesoramiento legal una vez condenado y no podr\u00e1 afectarse su derecho a revisi\u00f3n judicial o de otra \u00edndole con medios y plazos id\u00f3neos a su disposici\u00f3n.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Conclusiones<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Del an\u00e1lisis realizado desde la dogm\u00e1tica y teniendo presente las garant\u00edas judiciales establecidas por la Comisi\u00f3n que no pueden ser suspendidas, puede delinearse un derecho penal eficaz y ajustado a la ofensiva terrorista. Sin bien tendr\u00e1 caracter\u00edsticas especiales, los l\u00edmites que no podr\u00e1 traspasar ser\u00e1n los derechos especificados por la Comisi\u00f3n como requisitos b\u00e1sicos e inderogables, para que as\u00ed se mantenga en un marco democr\u00e1tico de derecho que no viole m\u00e1s derechos de los que pretende proteger. Es procedente erigir un modelo de persecuci\u00f3n dentro de la \u00f3rbita del derecho penal que establezca detalladamente las conductas prohibidas, adelantando en ciertos casos la punibilidad en el <em>iter criminis<\/em>, pero a su vez asegurando un juzgamiento objetivo de las condiciones en que se desenvuelva el proceso que deber\u00e1 cumplir con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n<p>La corriente dogm\u00e1tica que afirma una \u00b4tercera velocidad\u00b4 o que pretende un modelo con debilitamiento de ciertas garant\u00edas procesales deber\u00e1 construir un v\u00eda de persecuci\u00f3n de actos terroristas que respete las garant\u00edas b\u00e1sicas descritas, y as\u00ed lograr un binomio posible entre lucha contra el terrorismo y respeto por los derechos humanos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Bibliograf\u00eda<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Caso Neira\u00a0Alegr\u00eda, nota 6,\u00a0p\u00e1rrs. 74-76; Caso 11.010, Informe N\u00ba 15\/95, Hildegard Mar\u00eda Feldman (Colombia),\u00a0\u00a0Informe Anual de la CIDH 1995, 57.<\/li>\n<li>Informe de la CIDH sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 2002, OEA\/Ser.L.\/V\/II.116 Doc. 5 rev. 1 corr. (22 de octubre de 2002).<\/li>\n<li>Pawlik: <em>La libertad institucionalizada. Estudios de Filosof\u00eda jur\u00eddica y Derecho penal<\/em>, Madrid, Marcial Pons, 2010.<\/li>\n<li>Ragu\u00e9s I Vall\u00e9s: El \u201cderecho penal del enemigo\u201d en La expansi\u00f3n del derecho penal, en <em>La crisis del Derecho Penal Contempor\u00e1neo<\/em>, Buenos Aires, Ah Hoc, 2011.<\/li>\n<li>Resoluci\u00f3n aprobada en el curso del 18\u00ba per\u00edodo de sesiones de la CIDH (abril de 1968), OEA\/Ser.L\/V\/II. 19 Doc. 32, reproducidas en elAnuario Interamericano de Derechos Humanos\u00a01968, 60.<\/li>\n<li>Silva S\u00e1nchez: <em>La expansi\u00f3n del derecho penal. Aspectos de la pol\u00edtica criminal en las sociedad postindustriales, <\/em>3\u00aa ed. Ampliada, Edisofer S.L., Madrid, 2011.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Ragu\u00e9s I Vall\u00e9s, \u201cEl \u201cderecho penal del enemigo\u201d en La expansi\u00f3n del derecho penal\u201d, en <em>La crisis del Derecho Penal Contempor\u00e1neo<\/em>, Buenos Aires, Ah Hoc, 2011, p. 94.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Informe de la CIDH sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 2002, OEA\/Ser.L.\/V\/II.116 Doc. 5 rev. 1 corr. (22 de octubre de 2002), Secci\u00f3n I (A) (5).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Ragu\u00e9s I Vall\u00e9s: ob. cit., p. 92.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Silva S\u00e1nchez: <em>La expansi\u00f3n del derecho penal. Aspectos de la pol\u00edtica criminal en las sociedad postindustriales, <\/em>3\u00aa ed. Ampliada, Edisofer S.L., Madrid, 2011, p. 184.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Ragu\u00e9s I Vall\u00e9s: ob. cit., p. 97.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> \u00cddem, p. 97<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> \u00cddem, p. 94<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Pawlik: <em>La libertad institucionalizada. Estudios de Filosof\u00eda jur\u00eddica y Derecho penal<\/em>, Buenos Aires, Marcial Pons, 2010, p. 153.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> \u00cddem, p. 149.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> \u00cddem, p. 150.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Pawlik: ob. cit., p. 155.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Ragu\u00e9s I Vall\u00e9s: ob. cit., p. 91.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Silva S\u00e1nchez: ob. cit., p. 187.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> \u00cddem.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Ragu\u00e9s I Vall\u00e9s: ob. cit., p. 93.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> El mismo estatuye que <em>\u201c1.\u00a0Las medidas adoptadas por los Estados Parte de conformidad con esta Convenci\u00f3n se llevar\u00e1n a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. 2. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci\u00f3n se interpretar\u00e1 en\u00a0\u00a0el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, el derecho internacional\u00a0\u00a0humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. 3. A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convenci\u00f3n se le garantizar\u00e1 un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garant\u00edas de conformidad con la legislaci\u00f3n del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del derecho internacional\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Informe de la CIDH cit., Secci\u00f3n I (B) (17).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> V\u00e9ase la resoluci\u00f3n aprobada en el curso del 18\u00ba per\u00edodo de sesiones de la CIDH (abril de 1968), OEA\/Ser.L\/V\/II. 19 Doc. 32, reproducidas en el\u00a0Anuario Interamericano de Derechos Humanos\u00a01968, 60.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> V\u00e9ase, el Caso Neira\u00a0\u00a0Alegr\u00eda, nota 6,\u00a0p\u00e1rrs. 74-76; Caso 11.010, Informe N\u00ba 15\/95, Hildegard Mar\u00eda Feldman (Colombia),\u00a0\u00a0Informe Anual de la CIDH 1995, 57.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Los cuales podemos extraer de manera gen\u00e9rica del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n Los sucesos ocurridos desde el d\u00eda 11 de setiembre de 2001 al presente han puesto en tela de juicio a estados acerca del fen\u00f3meno del terrorismo. Ello ha devenido en t\u00f3pico de todos los medios de comunicaci\u00f3n y ha generado la alarma internacional, dando lugar a m\u00faltiples convenciones, cambios de legislaciones internas y ha generado que juristas y fil\u00f3sofos \u2013entre otros tantos-\u00a0 debatan acerca de la tem\u00e1tica y sus formas de abarcar la complejidad de la misma. 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