{"id":5396,"date":"2020-05-06T19:30:31","date_gmt":"2020-05-06T22:30:31","guid":{"rendered":"https:\/\/theinternationalobservatory.com\/?p=5396"},"modified":"2020-05-06T19:55:09","modified_gmt":"2020-05-06T22:55:09","slug":"covid-obligaciones-de-los-estados-diligencia-debida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theinternationalobservatory.com\/index.php\/2020\/05\/06\/covid-obligaciones-de-los-estados-diligencia-debida\/","title":{"rendered":"La crisis global a causa de la COVID-19 y las obligaciones de los Estados dimanantes de la diligencia debida"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n

El presente art\u00edculo ha sido esencialmente extra\u00eddo y traducido del ingl\u00e9s de: COCO, A., DE SOUZA D\u00cdAS, T., Due Diligence and COVID-19: States\u2019 Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak<\/em>, EJIL: Talk! [1]<\/a><\/p><\/blockquote>\n

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La crisis global a causa de la COVID-19 y las obligaciones de los Estados dimanantes de la diligencia debida<\/strong><\/h2>\n

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El brote de COVID-19 contin\u00faa evolucionando r\u00e1pidamente en todo el mundo con cientos de v\u00edctimas todos los d\u00edas, mientras las medidas impuestas para controlar la propagaci\u00f3n nos han afectado y seguir\u00e1n haci\u00e9ndolo con fuerza, ya sea de modo psicol\u00f3gico a causa del distanciamiento social, o por el impacto econ\u00f3mico[2]<\/a> sin precedentes de esta crisis de salud va a suponer. Pero mientras la pandemia sigue viva, los debates se han centrado hasta ahora en una evaluaci\u00f3n de las consecuencias y encontrar a los responsables del inicio del brote. Varios gobiernos y ONGs han culpado a China por no controlar el comercio de animales salvajes[3]<\/a> que podr\u00edan albergar el virus, as\u00ed como por encubrir las advertencias iniciales de la enfermedad en Wuhan. Mientras, el Ministro de Relaciones Exteriores de China ha afirmado que “podr\u00eda ser el ej\u00e9rcito de EE. UU. El que llev\u00f3 la epidemia a Wuhan”. Del mismo modo, algunos grupos han sido cr\u00edticos con las llamadas medidas “draconianas” adoptadas por los gobiernos en un esfuerzo por detener la propagaci\u00f3n de COVID-19, que especialmente las relativas a la vigilancia, han hecho saltar las alarmas por posibles violaciones de Derechos Humanos[4]<\/a>, lo que ha llevado a algunos a evaluar la legalidad de esas medidas a la luz del derecho internacional y la doctrina de la responsabilidad de los Estados.<\/p>\n

Ello nos lleva a una serie de preguntas fundamentales que debemos hacernos y tratar de responder, como son qu\u00e9 deben hacer los Estados en este momento para detener o mitigar este brote, as\u00ed como para evitar que regrese en el futuro, en qu\u00e9 han fallado los Estados para prevenir o detener la propagaci\u00f3n de la enfermedad una vez que sab\u00edan sobre sus riesgos, y qu\u00e9 lecciones podemos aprender de esos fracasos para combatir este y otros brotes. Y para responder a estas preguntas, es necesario acudir a un principio fundamental del derecho internacional, como es la diligencia debida. Espec\u00edficamente, debemos evaluar hasta qu\u00e9 punto los Estados deben actuar con la diligencia debida para detener y mitigar la propagaci\u00f3n de COVID-19, as\u00ed como para evitar nuevas p\u00e9rdidas y nuevos brotes.<\/p>\n

La diligencia debida y el marco legal aplicable a la pandemia de COVID-19<\/strong><\/h3>\n

La “diligencia debida” o \u201cdue diligence\u201d es la expresi\u00f3n que generalmente se utiliza para designar un est\u00e1ndar de conducta que mide si un Estado ha empleado sus mejores esfuerzos para abordar ciertos riesgos, amenazas o da\u00f1os, es decir, si un Estado ha hecho lo que razonablemente se esperaba de \u00e9l al responder a un da\u00f1o o peligro. Este est\u00e1ndar est\u00e1 integrado en una serie de reglas de derecho internacional convencional y consuetudinario que se aplican generalmente a las relaciones interestatales en campos como el medio ambiente, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y, en particular, la salud p\u00fablica mundial. Estas reglas generalmente imponen obligaciones de conducta que requieren que los Estados eviten, detengan y \/ o reparen una serie de da\u00f1os internos o transfronterizos, o el riesgo de los mismos, as\u00ed como obligaciones procesales de resultado, como las evaluaciones de riesgos y el intercambio de informaci\u00f3n. Al respecto es importante destacar que la diligencia debida es un est\u00e1ndar flexible, que var\u00eda de acuerdo con las capacidades financieras, humanas y t\u00e9cnicas de los Estados y la gravedad de la situaci\u00f3n, por lo que cuanto mayor es el riesgo de un cierto da\u00f1o, mayor es el esfuerzo requerido a los Estados para prevenir, mitigar o evitar que ocurra.<\/p>\n

No obstante, la falta de capacidad no es excusa, ya que los Estados deben contar con la infraestructura gubernamental m\u00ednima que les permita llevar a cabo dichas medidas, debiendo ser las mismas coherentes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y otras normas del derecho internacional, como el principio de no intervenci\u00f3n y la prohibici\u00f3n del uso de la fuerza. Al respecto, debemos se\u00f1alar cinco deberes de debida diligencia potencialmente relevantes para el brote de COVID-19, que son el principio de no da\u00f1ar, el deber de proteger el derecho a la vida, el deber de proteger el derecho a la salud, las obligaciones dimanantes del Reglamento Sanitario Internacional de 2005[5]<\/a>, y las obligaciones de proteger a las personas en caso de desastres.<\/p>\n

El principio de no da\u00f1ar<\/strong><\/h4>\n

Este principio requiere que los Estados eviten, detengan y reparen el da\u00f1o transfronterizo ocasionado a otros Estados o sus poblaciones, efectos que se originan en su territorio o cualquier otra \u00e1rea bajo su jurisdicci\u00f3n o control[6]<\/a>. Como otros deberes de diligencia debida, el principio de no da\u00f1ar no requiere que los Estados realmente eviten o detengan el da\u00f1o, sino que les obliga a intentar evitarlo, o minimizar el riesgo de los mismos, lo mejor que puedan. La obligaci\u00f3n surge desde el momento en que los Estados saben o deber\u00edan haber sabido sobre el da\u00f1o o el riesgo del mismo[7]<\/a>. Algunas medidas que pueden ser apropiadas para cumplir con esta obligaci\u00f3n incluyen monitoreo o supervisi\u00f3n continua, evaluaciones de riesgos, legislaci\u00f3n adecuada y pol\u00edticas encaminadas a ello, regulaciones administrativas, acciones de cumplimiento y, m\u00e1s notablemente, cooperaci\u00f3n internacional. En la medida en que los Estados puedan emplear estas medidas, deben hacerlo.<\/p>\n

El principio de no da\u00f1ar requiere que los Estados act\u00faen independientemente de qui\u00e9n sea responsable del da\u00f1o, ya sea un Estado o una entidad no estatal. Cubre actividades ilegales y legales que causan da\u00f1os, como un accidente o un desastre natural. Crucialmente, aunque el principio de no da\u00f1ar ha ganado m\u00e1s tracci\u00f3n en el \u00e1mbito ambiental, donde ha habido un creciente \u00e9nfasis en la prevenci\u00f3n y la precauci\u00f3n, se aplica generalmente en el derecho internacional[8]<\/a>. En consecuencia, los Estados tienen el deber de prevenir, detener y reparar cualquier da\u00f1o transfronterizo significativo que surja de sus territorios, independientemente de qui\u00e9n lo caus\u00f3 o la legalidad de la actividad que lo gener\u00f3. El brote de COVID-19 cumple todos estos requisitos, por lo tanto, todos los Estados, independientemente de si el brote se origin\u00f3 en su territorio, tienen la obligaci\u00f3n de ejercer sus mejores esfuerzos, en la medida en que lo permitan sus capacidades, para detener la propagaci\u00f3n del coronavirus a otros pa\u00edses y prevenir nuevos brotes.<\/p>\n

Derecho internacional de los derechos humanos<\/strong><\/h4>\n

Resulta crucial el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para evaluar las respuestas de los Estados a una cat\u00e1strofe como resulta una epidemia, ya que los mismos no solo tienen la funci\u00f3n de proteger a sus ciudadanos de entidades o eventos que puedan da\u00f1arlos, sino tambi\u00e9n un deber legal vinculante de hacerlo, codificado en tratados internacionales y cristalizado en el derecho internacional consuetudinario. En particular, es evidente que el derecho a la vida de las personas y su derecho a la salud est\u00e1n en peligro de inmediato por la existencia de una epidemia como la de COVID-19, y que la actuaci\u00f3n del Estado se hace imperiosa.<\/p>\n

El derecho a la vida<\/strong><\/h4>\n

En palabras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, \u201ctodo ser humano tiene el derecho inherente a la vida. Este derecho estar\u00e1 protegido por la ley. Nadie ser\u00e1 privado arbitrariamente de su vida\u201d. Si bien las violaciones de este derecho se asocian m\u00e1s com\u00fanmente con el uso arbitrario de la fuerza letal por parte de las autoridades, los actos y omisiones de los Estados con respecto a la pol\u00edtica de atenci\u00f3n m\u00e9dica pueden tambi\u00e9n constituir violaciones del derecho a la vida[9]<\/a>. Los Estados tienen el deber positivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es decir, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas bajo su jurisdicci\u00f3n y, por lo tanto, hacer todo lo posible para evitar que la vida de esas personas sea puesta en riesgo. Al respecto, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos subray\u00f3 que el deber de los Estados de proteger la vida requiere que adopten “medidas apropiadas para abordar las condiciones generales en la sociedad que pueden dar lugar a amenazas directas a la vida”, incluidas las enfermedades que amenazan la vida[10]<\/a>.<\/p>\n

Las medidas de este tipo incluyen proporcionar servicios de salud de emergencia efectivos, participar en operaciones de respuesta a emergencias y organizar planes de contingencia y manejo de emergencias, o la adopci\u00f3n de un marco regulatorio para hospitales y otras estructuras relacionadas con la salud que sea capaz de garantizar la protecci\u00f3n de la vida de los pacientes[11]<\/a>. Por lo tanto, el deber positivo de proteger la vida humana implica una planificaci\u00f3n anticipada y respuestas inmediatas para prevenir, detener o al menos mitigar la propagaci\u00f3n de enfermedades potencialmente mortales como la COVID-19.<\/p>\n

El derecho a la salud<\/strong><\/h4>\n

A\u00fan m\u00e1s evidente es la relevancia del derecho del ser humano a la salud en el caso de una epidemia como la pandemia de COVID-19. Seg\u00fan el Art\u00edculo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud f\u00edsica y mental”, a lo que a\u00f1ade “los pasos a seguir por los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena realizaci\u00f3n de este derecho incluir\u00e1n los necesarios para (\u2026) la mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial; Prevenci\u00f3n, tratamiento y control de enfermedades epid\u00e9micas, end\u00e9micas, ocupacionales y de otro tipo; La creaci\u00f3n de condiciones que aseguren a todos los servicios m\u00e9dicos y atenci\u00f3n m\u00e9dica en caso de enfermedad”. Con un lenguaje similar, el derecho a la salud se reconoce, entre otras, en el Art\u00edculo 11 de la Carta Social Europea, en el Art\u00edculo 16 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en el Art\u00edculo 10 del Protocolo Adicional a la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos en el \u00c1rea de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales. Como observamos, de este marco legal puede derivarse una serie de obligaciones de diligencia debida.<\/p>\n

Para cumplir con estas disposiciones, el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales explica que los Estados est\u00e1n obligados a establecer \u201cprogramas de prevenci\u00f3n y educaci\u00f3n para problemas de salud relacionados con el comportamiento[12]<\/a>\u201d, que deben conllevar en nuestra situaci\u00f3n la adopci\u00f3n de pol\u00edticas de distanciamiento social que reduzcan el riesgo de transmisi\u00f3n de COVID-19, medidas que son requeridas no solo por la necesidad m\u00e9dica, sino por la ley, con el fin de proteger la salud de las personas. Si bien el deber de garantizar la salud es un derecho de \u201crealizaci\u00f3n progresiva\u201d, presupone al menos la obligaci\u00f3n de establecer un sistema eficaz de atenci\u00f3n m\u00e9dica urgente que pueda hacer frente a situaciones que amenazan la vida como una epidemia de las proporciones que estamos experimentando ahora.<\/p>\n

Adem\u00e1s, seg\u00fan el CDESC, los Estados tienen la obligaci\u00f3n de controlar las enfermedades, tanto individualmente como a trav\u00e9s de la cooperaci\u00f3n internacional para \u201cponer a disposici\u00f3n tecnolog\u00edas relevantes, utilizando y mejorando la vigilancia epidemiol\u00f3gica y la recopilaci\u00f3n de datos, la implementaci\u00f3n o mejora de los programas de inmunizaci\u00f3n y otras estrategias de control de enfermedades infecciosas[13]<\/a>\u201d. Por lo tanto, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, los Estados que no comparten r\u00e1pidamente informaci\u00f3n relevante y tecnolog\u00eda pueden estar incumpliendo sus obligaciones internacionales, de la misma manera que aquellos que no adoptaron pol\u00edticas encaminadas a desacelerar r\u00e1pidamente el brote. Los retrasos en la adopci\u00f3n de medidas de contenci\u00f3n adecuadas tambi\u00e9n pueden haber causado una discriminaci\u00f3n inaceptable e ilegal contra las personas m\u00e1s vulnerables a la enfermedad, como las personas mayores y las personas con discapacidad, cuyos derechos pueden haber sido afectados en pos de no afectar a la econom\u00eda.<\/p>\n

Si bien la realizaci\u00f3n del derecho a la salud est\u00e1 sujeta a las capacidades t\u00e9cnicas y econ\u00f3micas de cada Estado, esto en ning\u00fan caso puede suponer una excusa para su incumplimiento. Seg\u00fan el Art\u00edculo 2 del PIDESC, los Estados deben tomar medidas deliberadas, concretas y espec\u00edficas para la plena realizaci\u00f3n del derecho a la salud, incluso en casos como una epidemia. El contenido central del derecho abarca, entre otras cosas, el deber de \u201cadoptar e implementar una estrategia y plan de acci\u00f3n nacional de salud p\u00fablica, sobre la base de evidencia epidemiol\u00f3gica, que aborde los problemas de salud de toda la poblaci\u00f3n[14]<\/a>\u201d. Y a su vez, los Estados que est\u00e1n en condiciones de ayudar a otros Estados que luchan por cumplir con sus obligaciones centrales, tienen la obligaci\u00f3n de prestar dicha asistencia.<\/p>\n

El Reglamento Sanitario Internacional<\/strong><\/h4>\n

No podemos dejar de hacer referencia a un elemento esencial en el marco legal internacional del derecho a la salud, como el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, un instrumento legal internacional especializado que actualmente vincula a 196 Estados. El Reglamento Sanitario Internacional contiene una serie de obligaciones de diligencia debida en vista de la prevenci\u00f3n y contenci\u00f3n de enfermedades infecciosas[15]<\/a>. Por lo que respecta a los elementos de este texto que ser\u00edan m\u00e1s relevantes en relaci\u00f3n a la COVID-19, cabe se\u00f1alar obligaciones de diligencia debida “cl\u00e1sicas”, que comprenden en primer lugar, su art\u00edculo 5 relativo al deber de “desarrollar, mantener y fortalecer (…) la capacidad de detectar, evaluar, notificar e informar” manifestaciones de enfermedades u ocurrencias que crean un potencial para enfermedades. Por otro lado, su art\u00edculo 13, en relaci\u00f3n al deber de “desarrollar, fortalecer y mantener (…) la capacidad de responder de manera r\u00e1pida y efectiva a los riesgos de salud p\u00fablica y emergencias de salud p\u00fablica de inter\u00e9s internacional”.<\/p>\n

En tercer lugar, su art\u00edculo 24 establece el deber de tomar todas las medidas posibles para asegurar que las entidades a cargo del transporte internacional y los viajes cumplan con las medidas de salud recomendadas por la OMS y adoptadas por el Estado Parte, informen a los viajeros de las medidas de salud y mantengan permanentemente los medios de transporte de los cuales son responsables, libres de fuentes de infecci\u00f3n o contaminaci\u00f3n. En cuarto lugar, en su art\u00edculo 32 regula el deber de “tratar a los viajeros con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales y minimizar cualquier molestia o angustia asociada con tales medidas”. Y por \u00faltimo, el art\u00edculo 34 afirma el deber de garantizar, en la medida de lo posible, que el contenedor y las \u00e1reas de carga de contenedores para el env\u00edo se mantengan libres de fuentes de infecci\u00f3n y contaminaci\u00f3n.<\/p>\n

Otras obligaciones de diligencia debida establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional incluyen, como en su art\u00edculo 6, el deber de evaluar si los eventos descritos anteriormente pueden potencialmente constituir una \u201cemergencia de salud p\u00fablica de inter\u00e9s internacional\u201d y, de ser as\u00ed, notificar, de manera eficiente y en cualquier caso dentro de las 24 horas, a la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud de la evaluaci\u00f3n y de cualquier medida de salud que el estado en cuesti\u00f3n ya haya adoptado en respuesta, as\u00ed como el deber de compartir continuamente toda la informaci\u00f3n relevante de salud p\u00fablica con la OMS, que en su art\u00edculo 7 incluye los casos de eventos de salud p\u00fablica inusuales o inesperados, como puede ser el brote de COVID-19. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 43 establece el deber de basar la implementaci\u00f3n de cualquier medida de salud en principios cient\u00edficos, la evidencia cient\u00edfica disponible y cualquier orientaci\u00f3n, consejo o informaci\u00f3n disponible proporcionada por la OMS. Significativamente, el Art\u00edculo 44 establece una obligaci\u00f3n general de colaborar con otros Estados en la medida de lo posible para, entre otras cosas: detectar, evaluar y responder a emergencias de salud p\u00fablica, desarrollar, fortalecer y mantener la capacidad de salud p\u00fablica.<\/p>\n

La protecci\u00f3n de personas en caso de desastres<\/strong><\/h4>\n

Al respecto debemos nombrar el Borrador de Art\u00edculos de 2016 sobre Protecci\u00f3n de Personas en Caso de Desastres[16]<\/a>, cuyos art\u00edculos si bien podemos asociar el concepto de ‘desastre’ con cat\u00e1strofes ambientales como un tsunami o una erupci\u00f3n volc\u00e1nica, nada en el texto impide que una epidemia entre en su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, que seg\u00fan su art\u00edculo 3 debe cumplir los requisitos de perturbar gravemente el funcionamiento de la sociedad al provocar una p\u00e9rdida generalizada de vidas, grandes sufrimientos y angustias humanas, desplazamientos masivos o da\u00f1os a gran escala. La Federaci\u00f3n Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, enumera las epidemias como peligros biol\u00f3gicos susceptibles de ser categorizados como desastres naturales[17]<\/a>, ya sea que est\u00e9n relacionados con otros desastres o sean independientes de ellos. Los desastres se definen como tales por su impacto, no por su origen, por lo que la actual crisis de salud de la COVID-19 entrar\u00eda dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del borrador.<\/p>\n

Este texto, en relaci\u00f3n a las obligaciones de diligencia debida, establece en su art\u00edculo 9 el deber de \u201creducir el riesgo de desastres tomando las medidas apropiadas, incluso a trav\u00e9s de la legislaci\u00f3n y las regulaciones, para prevenir, mitigar y prepararse para los desastres\u201d, incluyendo \u201cla realizaci\u00f3n de evaluaciones de riesgos, la recopilaci\u00f3n y difusi\u00f3n de informaci\u00f3n sobre riesgos y p\u00e9rdidas pasadas, y la instalaci\u00f3n y operaci\u00f3n de sistemas de alerta temprana\u201d. Pero adem\u00e1s \u201cla acci\u00f3n para garantizar la preparaci\u00f3n, en particular, concierne a las capacidades necesarias para gestionar eficientemente todo tipo de emergencias y lograr las transiciones ordenadas desde la respuesta hasta la recuperaci\u00f3n sostenida[18]<\/a>\u201d. La referencia a la mitigaci\u00f3n de desastres en el Art\u00edculo 9 indica que la aplicabilidad de la disposici\u00f3n no se limita a la fase previa al desastre, sino que contin\u00faa durante toda la situaci\u00f3n. Adem\u00e1s, la obligaci\u00f3n de tomar medidas “apropiadas” implica la necesidad de la efectividad de tales medidas.<\/p>\n

Cada Estado afectado por un desastre tiene la obligaci\u00f3n, de conformidad con su art\u00edculo 10, de \u201cgarantizar la protecci\u00f3n de las personas y la prestaci\u00f3n de asistencia de socorro en casos de desastre en su territorio, o en el territorio bajo su jurisdicci\u00f3n o control\u201d. Adem\u00e1s, los Estados afectados por desastres tienen el deber de buscar asistencia cuando la respuesta necesaria para abordar el desastre excede manifiestamente su capacidad, conforme al art\u00edculo 11, y la obligaci\u00f3n de diligencia debida de tomar las medidas necesarias en virtud de la legislaci\u00f3n nacional para facilitar la disposici\u00f3n r\u00e1pida y efectiva de asistencia externa seg\u00fan establece el art\u00edculo 15.<\/p>\n

Evaluaci\u00f3n de la conducta de los Estados a la vista del marco legal de la diligencia debida en el contexto de la COVID-19<\/strong><\/h3>\n

Como ya hemos visto, el derecho internacional establece al menos cinco conjuntos diferentes de obligaciones de diligencia debida que requieren que los Estados tomen todas las medidas posibles para contener el brote de COVID-19 y evitar que el virus se propague. Estos son: a) el principio de no da\u00f1ar, que impone a todos los Estados el deber de prevenir, detener y corregir el brote en la medida en que se corre el riesgo de causar un da\u00f1o transfronterizo; b) la obligaci\u00f3n de proteger y garantizar el derecho a la vida, que establece un deber positivo para los Estados de prevenir y eliminar las epidemias potencialmente mortales; c) el deber de proteger y cumplir el derecho a la salud, que requiere, como m\u00ednimo, la implementaci\u00f3n de medidas para prepararse y responder a emergencias de salud p\u00fablica; d) los deberes de diligencia debida detallados y espec\u00edficos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional; y e) los diversos deberes para proteger a las personas en caso de desastres, como un brote de enfermedad viral, asegurando la preparaci\u00f3n y la eficacia de los sistemas de respuesta de emergencia. Sin embargo, es cuestionable si, desde el comienzo del brote de COVID-19, esas obligaciones han sido respetadas plenamente por los Estados.<\/p>\n

Hemos de recordar que dichas reglas de diligencia debida no requieren que todos los Estados sigan exactamente el mismo enfoque al contrarrestar el brote. El cumplimiento de tales reglas depende de la capacidad de los Estados para adoptar las medidas necesarias y apropiadas a la luz de sus recursos t\u00e9cnicos, humanos y econ\u00f3micos disponibles. En resumen, los Estados conservan un margen de discreci\u00f3n al decidir qu\u00e9 medidas adoptar e implementar entre las que son factibles en las circunstancias. Asimismo, el cumplimiento de cualquier deber de diligencia debida debe medirse por el conocimiento que los Estados tienen de los riesgos relevantes en el momento en que surgen, con base en la evidencia cient\u00edfica disponible.<\/p>\n

Las presiones del momento y la complejidad de la situaci\u00f3n a menudo dificultan identificar con precisi\u00f3n el curso de acci\u00f3n necesario. Adem\u00e1s, en el contexto de una crisis de salud p\u00fablica, los problemas de salud deben equilibrarse con intereses posiblemente conflictivos, como la estabilidad econ\u00f3mica y el desarrollo, el bienestar social y ciertos derechos y libertades fundamentales, por lo que los Estados deben considerar cuidadosamente el impacto de las medidas de salud en ellos. Las flexibilidades de las obligaciones de diligencia debida reconocen margen para estas consideraciones, sin embargo, como se\u00f1al\u00f3 la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud[19]<\/a>, aunque comprensiblemente muchos pa\u00edses carecen de la capacidad y los recursos para responder de manera r\u00e1pida y efectiva al brote, “otros est\u00e1n luchando con la falta de resoluci\u00f3n”.<\/p>\n

El primer conjunto de obligaciones de diligencia debida que pueden no haberse cumplido son los deberes de vigilancia, monitoreo y notificaci\u00f3n que son esenciales para una respuesta de emergencia efectiva. Al respecto, se ha afirmado que China tard\u00f3 demasiado en notificar a la OMS[20]<\/a> sobre el brote despu\u00e9s de los primeros casos que se identificaron en su territorio, es decir, despu\u00e9s de adquirir \u201cevidencia de un evento de salud p\u00fablica inesperado o inusual dentro de su territorio que puede constituir una emergencia de salud p\u00fablica de inter\u00e9s internacional\u201d, lo que supondr\u00eda infracci\u00f3n de los art\u00edculos 6 y 7 del Reglamento Sanitario Internacional. Independientemente de cualquier supuesto intento de encubrir la enfermedad o censurar la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n, se conoci\u00f3 que los m\u00e9dicos locales hab\u00edan advertido a las autoridades p\u00fablicas de un aumento de casos desconocidos de ‘neumon\u00eda viral’ a mediados de diciembre o incluso a fines de noviembre. Si esos informes demuestran ser ciertos, es posible que no se hayan seguido aquellas disposiciones que obligan a los Estados a notificar y compartir informaci\u00f3n sobre emergencias de salud p\u00fablica dentro de las 24 horas, independientemente de su origen o fuente.<\/p>\n

Del mismo modo, dada la naturaleza altamente contagiosa de COVID-19 y la facilidad con la que las personas viajan por todo el mundo, el principio de no da\u00f1ar exigir\u00eda que cualquier Estado que experimentara casos en su territorio, incluido, entre otros, China, notificara directamente y cooperara con otros Estados desde el momento en que hubo signos de que el virus se estaba propagando r\u00e1pidamente por transmisi\u00f3n humana, lo que podr\u00eda haber sucedido a fines de diciembre. Sin embargo, a pesar de la informaci\u00f3n disponible[21]<\/a> sobre la enfermedad, pronto el virus se propag\u00f3 a Tailandia, Jap\u00f3n, Corea del Sur y, posteriormente, a otras partes del mundo.<\/p>\n

En segundo lugar, las obligaciones de diligencia debida para proteger los derechos a la vida y la salud, junto con las descritas por el Reglamento Sanitario Internacional y las normas aplicables en caso de desastres, requieren que los Estados desarrollen la capacidad y la preparaci\u00f3n para proporcionar una respuesta r\u00e1pida y efectiva a la poblaci\u00f3n en un caso de emergencia sanitaria como la que estamos enfrentando. El ejemplo de China resulta revelador, ya que lecciones valiosas sobre preparaci\u00f3n y respuestas tempranas podr\u00edan haberse extra\u00eddo de la experiencia del pa\u00eds con epidemias anteriores, como el SARS o el H1N1.<\/p>\n

Pero no solo China podr\u00eda haber hecho m\u00e1s, sino que otros Estados en todo el mundo deber\u00edan actuar diligentemente al prepararse y responder a este brote. De hecho, ya en febrero, la OMS inst\u00f3[22]<\/a> a todos los Estados a que adoptaran medidas \u201cintransigentes y rigurosas\u201d como \u201cvigilancia extremadamente proactiva para detectar casos de forma inmediata, diagn\u00f3stico muy r\u00e1pido y aislamiento inmediato de casos, seguimiento riguroso y cuarentena de casos cercanos, y un nivel excepcionalmente alto de comprensi\u00f3n y aceptaci\u00f3n por la poblaci\u00f3n” fueron las “\u00fanicas medidas que actualmente se ha demostrado que interrumpen o minimizan las cadenas de contagio”. Sin embargo, muy pocos Estados parecen haber seguido esta recomendaci\u00f3n, mientras que muchos tuvieron la capacidad t\u00e9cnica, humana y econ\u00f3mica para hacerlo. En la misma l\u00ednea, cuando la OMS declar\u00f3 el brote de COVID-19 una pandemia[23]<\/a> el 11 de marzo de 2020, expres\u00f3 serias preocupaciones sobre sus “niveles alarmantes de propagaci\u00f3n, gravedad, e inacci\u00f3n”. Una vez m\u00e1s, exhort\u00f3 a los Estados “a tomar medidas urgentes y agresivas” y les pidi\u00f3 “activar y ampliar sus mecanismos de respuesta de emergencia”.<\/p>\n

A pesar de esas advertencias espec\u00edficas y el marco legal sobre la debida diligencia aplicable al brote, existen informes preocupantes de todos los rincones del mundo. Por ejemplo, parece que, en los Estados Unidos, miles de casos sospechosos de COVID-19 permanecieron sin comprobar[24]<\/a>, a pesar de que la OMS ha enfatizado varias veces la necesidad de pruebas efectivas. Si bien el primer caso en el pa\u00eds se confirm\u00f3 el 21 de enero de 2020, fue solo el 21 de marzo que la Administraci\u00f3n de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprob\u00f3 una prueba que podr\u00eda diagnosticar COVID-19 m\u00e1s r\u00e1pidamente. Sin perjuicio del tiempo que normalmente se necesita para desarrollar una capacidad de prueba adecuada, es cuestionable que el tiempo de esta respuesta fuese consistente con la r\u00e1pida acci\u00f3n de emergencia exigida por el deber de proteger los derechos a la vida y la salud, el Reglamento Sanitario Internacional y las reglas aplicables en caso de desastres.<\/p>\n

En el caso de Italia, el gobierno tard\u00f3 varias semanas tras la identificaci\u00f3n de los primeros casos para recomendar medidas de distanciamiento social, cuarentena y restricciones de viaje[25]<\/a>. Fue solo cuando el n\u00famero de casos hab\u00eda aumentado en espiral a m\u00e1s de quince mil y el n\u00famero de muertos a m\u00e1s de mil que el Primer Ministro italiano declar\u00f3 una emergencia nacional y un bloqueo en todo el pa\u00eds. Pero casos similares de retraso en la adopci\u00f3n de medidas se pudo observar en otros pa\u00edses. Particularmente en el caso de Espa\u00f1a, este fue manifiestamente negligente, dado que no solo se contaba con precedentes como China, o mucho m\u00e1s cercano como Italia, sino que contraviniendo las recomendaciones por parte de los expertos de la Uni\u00f3n Europea[26]<\/a> se autorizaron concentraciones deportivas y manifestaciones multitudinarias con ocasi\u00f3n del D\u00eda Internacional de la Mujer.<\/p>\n

Por otro lado, en el caso del Reino Unido, el gobierno inicialmente dudaba en seguir los consejos de la OMS para adoptar medidas m\u00e1s rigurosas por su significativo impacto econ\u00f3mico, y solo tras las cr\u00edticas de la oposici\u00f3n, el Reino Unido cambi\u00f3 su enfoque y comenz\u00f3 a \u201crecomendar\u201d gradualmente medidas m\u00e1s importantes[27]<\/a>. El n\u00famero de muertos ya hab\u00eda superado los 200 cuando se cerraron las escuelas y algunas estaciones subterr\u00e1neas de Londres. Mientras tanto, hasta hace poco, el personal m\u00e9dico report\u00f3 una escasez significativa de equipos de protecci\u00f3n b\u00e1sicos, como m\u00e1scaras, guantes, gafas y batas quir\u00fargicas. En la medida en que la protecci\u00f3n del personal m\u00e9dico es esencial para detener la propagaci\u00f3n de la enfermedad, la diligencia debida exige la provisi\u00f3n de equipo de protecci\u00f3n suficiente.<\/p>\n

Los deberes esbozados de la diligencia debida justifican una mayor cooperaci\u00f3n internacional, especialmente porque la propagaci\u00f3n de la enfermedad no sigue los l\u00edmites territoriales. En particular, reconociendo c\u00f3mo la efectividad de las respuestas depende de los recursos, las autoridades estatales deben buscar asistencia internacional para cuando se den cuenta de que la contenci\u00f3n de la enfermedad excede manifiestamente su capacidad nacional, de acuerdo con el Art\u00edculo 11 del Proyecto de Art\u00edculos sobre Protecci\u00f3n de Personas en Caso de Desastres. En definitiva, este es un problema global que requiere una acci\u00f3n global, dada la inevitable interrelaci\u00f3n que caracteriza nuestra sociedad globalizada, por lo que debemos apartar los nacionalismos para incentivar la cooperaci\u00f3n internacional frente a un problema que por primera vez nos afecta a todos por igual.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

Con or\u00edgenes que datan del siglo XIX, la diligencia debida sigue siendo un principio fundamental del derecho internacional. Es un est\u00e1ndar de conducta que es lo suficientemente flexible como para exigir a los Estados medidas realistas para prevenir, detener y reparar da\u00f1os significativos, en particular los que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. El mensaje del derecho internacional es claro: es mejor prevenir que curar, y los Estados deben hacer todo lo posible para lograrlo, incluso cooperando entre s\u00ed, especialmente en las crisis mundiales de la escala que enfrentamos. Por lo tanto, en la medida de lo posible, los Estados deben hacer m\u00e1s para detener este brote y evitar que se propague m\u00e1s y reaparezca en las \u00e1reas recuperadas.<\/p>\n

En los momentos en que nos encontramos, muchos Estados empiezan ahora su desescalada hacia la normalidad, intentando retomar las calles y aliviando las medidas de confinamiento, pero esto no debe causar que se olviden las gestiones llevadas a cabo por los gobiernos, y que antes bien, si la misma no ha sido acorde a sus obligaciones tanto nacionales como internacionales, se exijan responsabilidades por las medidas adoptadas.<\/p>\n

En particular, seg\u00fan el Reglamento Sanitario Internacional, los Estados deber\u00edan continuar monitoreando de cerca el desarrollo de la enfermedad con pruebas eficientes y prepar\u00e1ndose para el peor de los casos. Esto requiere esfuerzos sustanciales para desarrollar una vacuna, para garantizar que los hospitales cuenten con ventiladores y otros equipos m\u00e9dicos esenciales, para garantizar que la poblaci\u00f3n evite los contactos no esenciales y que los m\u00e1s vulnerables est\u00e9n protegidos adecuadamente. Aunque ya se ha hecho un gran da\u00f1o irreversible al funcionamiento de nuestras sociedades, y solo el tiempo dir\u00e1 si ser\u00e1 posible repararlo y c\u00f3mo, esperamos que las vidas y los medios de subsistencia no se pierdan en vano. Debemos aprender de nuestros errores y actuar hoy, para evitar mayores p\u00e9rdidas ma\u00f1ana.<\/p>\n

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  1. Bibliograf\u00eda<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n