El 28 de septiembre, Palestina presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra los Estados Unidos por el traslado de su embajada el 14 de mayo del presente año a la ciudad Santa de Jerusalén. Cuestión que según Palestina contraviene las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que otorgan un estatus de protección especial a esta ciudad. Además, la denuncia presentada alega la violación de resoluciones que subsecuentemente condenaron la ocupación de de este y otros territorios por Israel por medio de la fuerza, instando a dicho país a retirarse. (Ver resoluciones: 242 (1967), 252 (1968). 267 (1969), 298 (1971), 476 (180), 478 (1980) y 2334 (2016); General Assembly (‘GA’) Resolutions 2628 (XXV), 2799 (XXVI), and 2949 (XXVII)).

Producto de estas resoluciones, Palestina hace notar que otros países, tales como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Holanda, Panamá, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, y Paraguay tuvieron que retirar sus embajadas en esta ciudad.

Sin embargo, pese a Palestina contar con lo que pareciera a primera vista sólidos argumentos jurídicos que legitiman su reclamo, la cuestión sin duda más complicada para este será convencer primero a la CIJ sobre su jurisdicción para pronunciarse sobre este caso. Particularmente por el hecho que un tercer estado (Israel) posee un interés legítimo a constituirse como parte, motivo por el cual también deberá aceptar la competencia de la Corte, algo que difícilmente suceda.