La reciente resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha desatado ondas de interés y análisis en el campo del Derecho Internacional Público. El 13 de julio de 2023, la corte falló a favor de Colombia en la larga disputa marítima con Nicaragua sobre el mar de San Andrés, marcando un hito trascendental en la jurisprudencia internacional.

La disputa se originó cuando el Gobierno de Nicaragua intentó extender su plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas reconocidas por el Derecho Internacional. Alegó que existe una prolongación natural del continente desde sus costas que supera sus 200 millas náuticas, lo que le otorgaría derechos sobre el subsuelo marino más allá de la distancia establecida. Para respaldar su reclamación, Nicaragua se apoyó en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (1982) y el derecho consuetudinario.

Colombia, en contraposición, argumentó que tal extensión se solaparía con el archipiélago de San Andrés, que pertenece a su territorio, y su zona económica exclusiva. Colombia también destacó que no ha ratificado la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, debilitando la posición de Nicaragua en este sentido.

La CIJ, por 13 votos a 4, falló a favor de Colombia, argumentando que “no puede extenderse la plataforma continental que se superponga sobre otro Estado”. El tribunal también subrayó que Nicaragua no logró demostrar científicamente que dispone de una plataforma continental que supera las 200 millas náuticas.

Este fallo tiene implicaciones significativas para el Derecho Internacional Público. En primer lugar, reafirma el principio de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, según el cual la extensión de la plataforma continental de un Estado no puede superar las 200 millas náuticas a menos que pueda probarse una prolongación natural de su territorio. En segundo lugar, el caso enfatiza la importancia de la ratificación de los tratados internacionales, ya que Colombia pudo resistir la reclamación de Nicaragua, en parte, por no haber ratificado la convención.

Es importante destacar que las decisiones de la CIJ son vinculantes, poniendo el fallo fin de este modo a un litigio que se remonta a 2013.